Critica que la Junta no tenga «criterio común» pese a las 50.000 viviendas afectadas
Silvestre Castells Tascón, Candidato a la Alcaldía de El Cuervo por esta formación política estuvo presente junto con mas portavoces del PP de algunos municipios afectados y con Alicia Martínez Parlamentaria Andaluza, en la reunión mantenida el lunes 21 de marzo en la sede provincial del PP.
Sólo en el municipio de Arahal, se contabilizan 1.600 viviendas ilegales, 80 imputados y al menos una quincena de propuestas de derribo. Morón, Cazalla de la Sierra, Castilleja de Guzman, El Madroño, Constantina, Alcalá de Guadaíra, El Cuervo, Las Cabezas, Utrera y Carmona son algunas de las localidades sevillanas que vienen sufriendo el desaguisado urbanístico dado en la provincia en la última década. Ayer el PP, que se reunió con portavoces populares de cada uno de los municipios afectados, abogó por llevar a cabo «modificaciones legales» para regularizar las parcelaciones ilegales levantadas en la provincia de Sevilla después de que la Junta «no haya sido capaz de establecer un criterio común» a la problemática.
«Trece juzgados de los Penal deciden actualmente sobre estos asuntos y los criterios no son uniformes porque hay sentencias muy diferentes en casos prácticamente iguales», señaló la portavoz de Vivienda y Ordenación del Territorio del Partido Popular andaluz, Alicia Martínez.
La parlamentaria popular advirtió que no se trata de una «amnistía total», sino de «aplicar el sentido común» a través de «fórmulas» que permitan la regularización de las viviendas construidas en suelo no urbanizable, salvo aquellas que se levanten en suelo especialmente protegido o con riesgo de inundación que deben ser «revisadas» para que su uso se vaya «extinguiendo».
«La mayoría —agregó— son incorporables por lo que habrá que habilitar una fórmula u otro tipo de suelo urbano ya que la ley no es clara y los procedimientos tampoco», apuntó Martínez que aseguró que comunidades como Extremadura o Cantabria ya cuentan con una legislación al respecto.
La portavoz de vivienda del PP cree que la solución debe obedecer a una «cuestión de voluntad política» y recordó que su formación lleva proponiendo propuestas en este sentido desde el año 2008 e incluso una proposición no de ley para que «ayudara» a los ayuntamientos a afrontar esta situación «que fueron rechazadas por el PSOE-A».
Al hilo, Martínez reprochó a la Junta que «ahora diga a los municipios que no pueden legalizar estas viviendas» pues «crea una situación de confusión gravísima para el patrimonio personal de las familias y para los ayuntamientos, que están aprobando ordenanzas para arreglar la situación de los vecinos de manera transitoria». Acusó así a la Junta de tomar la regulación de las viviendas ilegales como «arma electoral» en alusión al decreto que el Gobierno autonómico prepara sobre la materia y que «sólo trae caos y confusión». Entiende que el Gobierno andaluz «no puede ser ahora la solución a dos meses de las elecciones» cuando «no ha tomado medidas a tiempo y ha ido por detrás de los municipios» pese a que «es un problema conocido y reconocido» por la Junta «desde hace once años».
Martínez lamentó igualmente que el Gobierno autonómico haya tardado «diez años» en dictar un primer reglamento de disciplina urbanística en julio de 2010 que si bien «pone coto de manera más ágil a partir de ahora, a las urbanizaciones ilegales o que no han prescrito, no resuelve el pasado».
Por ello, el PP anunció que promoverán cambios legales para que «se normalice la situación».
Noticia aparecida en ABC Sevilla
